El caso de la federación irregular de esports se conecta con nuevas adjudicaciones millonarias a la empresa del mismo directivo

Lo que comenzó como una denuncia por la creación exprés de una federación de esports, hoy se enlaza con un hecho aún más grave: el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no solo reconoció de manera irregular a la federación liderada por Diego Mohme, sino que también ha favorecido a su empresa con contratos millonarios adjudicados sin concurso público. La historia ya no es una acusación: es un patrón.

Primera parte del escándalo: una federación creada en tiempo récord y en violación del debido proceso
En 2024, dos organizaciones presentaron solicitudes formales al IPD para obtener el reconocimiento como federación de deportes electrónicos en el Perú:

• APDEV, con expediente ingresado el 10 de julio de 2024, cumpliendo todos los requisitos legales, presentando documentación adicional cuando se le solicitó e, incluso, acreditando su afiliación internacional ante la Global Esports Federation desde 2020.
• La asociación liderada por Diego Mohme, que ingresó su expediente recién el 14 de octubre de 2024, sin trayectoria, sin presencia y con cuatro directivos desconocidos en el ecosistema.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo General: El primer expediente ingresado tiene prioridad y los procedimientos deben resolverse en estricto orden de llegada. Aun así:

• La APDEV nunca recibió respuesta formal.
• La federación de Mohme sí fue reconocida en tiempo récord, en un proceso que avanzó en apenas unos días.
• Mientras esto ocurría, Mohme sostuvo múltiples reuniones con el ministro de Educación, Morgan Quero.
• Y, de manera coincidente, el diario La República —vinculado al entorno de Mohme— publicó varias notas positivas sobre el ministro.

Un hecho que parecía una anomalía administrativa tomó rápidamente el presunto aroma de tráfico de influencias, favoritismo político y puertas giratorias entre el poder, el Estado y una organización sin legitimidad deportiva.

Segunda parte del problema: ahora también hay contratos directos y dinero involucrado
Este 21 de noviembre, Infobae reveló que entre el 4 y el 13 de noviembre, el IPD autorizó más de S/ 89 millones en contrataciones “a dedo”, sin concurso público, bajo el argumento de “desabastecimiento inminente”.

Los contratos se firmaron mientras el IPD era aún dirigido por Teodoro Tong Hurtado, el mismo funcionario que presidió el reconocimiento de la federación vinculada a Mohme. Y entre las empresas beneficiadas aparece:

E-Promise SAC, con RUC: 20605435212, la empresa de Diego Mohme, adjudicada con:

• S/ 1.2 millones para servicios de producción y transmisión de eSports durante los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025

Información de representante legal validado según el portal de la SUNAT

.

La asignación fue directa, sin licitación, sin apertura de competencia y en plazos prácticamente inmediatos.
El procedimiento encaja en el mismo patrón:

• Invitación directa.
• Resolución aprobada.
• Buena pro otorgada.

Así ocurrió con Mohme, y así ocurrió con otras empresas que recibieron contratos por S/ 20, 30 y hasta 54 millones en el mismo periodo.

Cuando el Estado se convierte en árbitro y jugador… al mismo tiempo
Con esta nueva revelación, la sospecha ya no es teórica:

• La federación se creó con un proceso irregular.
• Las reglas administrativas de prelación se ignoraron.
• Una asociación sin legitimidad asumió la representación del país.
• Y hoy su propia empresa recibe contratos sin competencia.

Es decir: El mismo grupo que recibió el reconocimiento de forma inesperadamente acelerada es ahora también beneficiario de fondos públicos.
Esto vulnera dos principios fundamentales del deporte y de la función pública:

• El respeto al debido proceso, consagrado en la Constitución y en la Ley 27444.
• La imparcialidad y transparencia en el uso del dinero del Estado.

El daño ya no es sectorial: es institucional
No hablamos solo de una injusticia hacia APDEV o hacia la comunidad gamer. El efecto va mucho más allá:

• Se vulnera la credibilidad del IPD.
• Se normaliza el uso discrecional del presupuesto público.
• Se envía el mensaje de que la meritocracia es irrelevante y las relaciones políticas lo deciden todo.
• Se subvenciona con dinero de todos los contribuyentes a una industria que en el Perú —y en el mundo— puede financiarse perfectamente con inversión privada.

Mientras tanto:

• Escuelas colapsan.
• Hospitales carecen de insumos.
• Federaciones olímpicas hacen rifas para viajar.
• Y los esport que creció 20 años sin Estado, es capturado repentinamente por un grupo sin legitimidad y con evidente cercanía al poder.

La pregunta que ya no se puede evitar
¿Estamos ante la creación de una federación deportiva o ante la instalación de un mecanismo para canalizar contratos y fondos públicos bajo control de un mismo grupo?

La respuesta, cada día, parece más obvia.

El caso que hoy se expone no es un episodio aislado ni un simple desliz administrativo. Lo ocurrido con el reconocimiento exprés de la nueva Federación Peruana de esports, sumado a la posterior adjudicación directa de contratos millonarios a la empresa de uno de sus principales dirigentes, revela un quiebre profundo en el funcionamiento del sistema deportivo público peruano y una señal de alerta institucional que ya no puede ser ignorada.

En primer lugar, se vulneró el principio del debido proceso administrativo, consagrado en el artículo IV de la Ley 27444, que obliga a resolver los procedimientos en estricto orden de presentación, garantizando igualdad, imparcialidad y predictibilidad en la actuación del Estado. APDEV ingresó primero, cumplió con todos los requisitos, entregó documentación adicional, acreditó representación internacional y aun así fue desplazada sin explicación formal, mientras una organización sin trayectoria ni bases deportivas obtuvo el reconocimiento en tiempo récord, bajo condiciones que hoy resultan, como mínimo, irregulares.

En segundo lugar, se observa un conflicto de interés de manual, contrario a la Ley de Contrataciones del Estado y a los principios de moralidad, transparencia y probidad que rigen la función pública. No es jurídicamente aceptable —ni moralmente defendible— que un dirigente deportivo, recién beneficiado con el reconocimiento estatal, sea simultáneamente proveedor del mismo organismo que lo reconoce, supervisa y financia. Menos aún si los fondos son adjudicados sin licitación, en plazos extraordinariamente cortos y bajo argumentos precarios de emergencia administrativa, como lo ha revelado la reciente investigación periodística.

Este comportamiento no solo contraviene el espíritu de la ley: erosiona la confianza ciudadana, desnaturaliza el sistema deportivo y abre la puerta a interpretaciones de favoritismo, captura institucional e incluso potencial colusión.

En tercer lugar, el impacto trasciende al sector esports. En un país con:

• Hospitales sin insumos,
• Colegios en emergencia estructural,
• Deportistas olímpicos que viajan vendiendo rifas,
• Una crisis de seguridad ciudadana creciente, con delitos violentos en aumento, extorsiones diarias y barrios enteros viviendo sin presencia real del Estado,
• Y federaciones sin presupuesto esperando años para acceder a subvenciones,

Resulta inadmisible que se asignen millones de soles del Estado a una federación sin legitimidad y a empresas vinculadas a sus propios directivos, cuando además los esports son una industria capaz de financiarse con inversión privada, como ocurre en el resto del mundo.

El mensaje que queda es alarmante:
“Si entras por la puerta política correcta, puedes ser federación, proveedor del Estado y beneficiario del mismo presupuesto que deberías fiscalizar”. Esa es la negación absoluta del deporte como espacio meritocrático.

Finalmente, este caso exige respuestas claras y acciones firmes:

• Intervención inmediata de Contraloría.
• Auditoría integral de los procedimientos de reconocimiento federativo.
• Revisión de todas las adjudicaciones directas vinculadas a esports.
• Determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales donde corresponda.

Porque las federaciones deportivas existen para servir al país, no para aprovecharlo.
Porque los recursos públicos se asignan para generar desarrollo, no para alimentar círculos cerrados de influencia.

Y porque en el deporte —como en el derecho— si no hay reglas claras, no hay fair play.

Este no es un reclamo por un reconocimiento perdido. Es la defensa del principio más básico de todo Estado democrático: Que la ley se aplique igual para todos.